Lo esencial

El Gobierno de Oaxaca adjudicó a Arquitectura y Diseño ATQ, S. de R.L. de C.V. el mantenimiento rutinario de la infraestructura del Centro Integralmente Planeado Huatulco por $92,137,638.84, IVA incluido.

La contratación se realizó mediante la Licitación Pública Nacional LPN-SA-DG-0028-06/2026. El acta de apertura del 29 de junio de 2026 registra que Arquitectura y Diseño ATQ fue la única empresa que presentó una propuesta. Su oferta correspondió al lote único y coincidió con el monto que después aparece en la notificación de fallo y en la respuesta de transparencia del CIP.

La presencia de una sola propuesta no demuestra por sí misma una irregularidad. Sí establece un dato relevante para evaluar la contratación: aunque el procedimiento fue abierto a escala nacional, en el acto de apertura no hubo una segunda oferta económica con la cual comparar el precio ganador.

Qué se pidió por transparencia

El folio 1643342126000001 buscó delimitar qué territorio e infraestructura administra el CIP Huatulco y conocer quién presta el mantenimiento: nombre de la empresa, contrato, vigencia, monto y relación de los sistemas, vialidades, parques y demás bienes incluidos.

El 4 de agosto de 2026, el CIP respondió con el nombre del prestador, un número de instrumento, el monto contratado, la vigencia y una relación del alcance. También entregó un mapa general y fichas de geolocalización.

De la convocatoria al fallo

La Secretaría de Administración publicó la convocatoria y las bases el 23 de junio de 2026. El calendario dejó seis días hasta la apertura de propuestas:

Etapa Fecha
Publicación de convocatoria y bases 23 de junio de 2026
Junta de aclaraciones 25 de junio de 2026
Apertura de propuestas 29 de junio de 2026
Fallo del Comité de Adquisiciones 7 de julio de 2026
Inicio de la vigencia reportada por el CIP 9 de julio de 2026
Fin de la vigencia 31 de diciembre de 2026

El acta de apertura identifica únicamente a Arquitectura y Diseño ATQ. La empresa ofertó $92,137,638.84 por el lote completo. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca la declaró ganadora mediante el acuerdo CAEASEO II 1.8, Sesión Ordinaria 027/2026.

Las bases señalan que el criterio de evaluación sería binario: comprobar el cumplimiento legal, administrativo y técnico, revisar la aceptabilidad de los precios y emitir un dictamen técnico-económico. La documentación pública localizada no incluye ese dictamen ni la investigación de mercado utilizada para determinar si el precio era aceptable.

Qué debe mantenerse con los $92.1 millones

El contrato concentra en un solo lote distintos servicios urbanos esenciales:

Infraestructura o actividad Cobertura reportada
Red de agua potable 9,000 metros lineales
Red de drenaje sanitario 6,400 metros lineales
Red pluvial 3,700 metros lineales
Plantas de tratamiento de aguas residuales 5 instalaciones
Alumbrado público 1,260 piezas
Vialidades con mantenimiento 3,312 m²
Pintura en elementos de concreto 4,019 m²
Limpieza de áreas públicas 830,847.56 m²
Áreas verdes 600,180 m²
Mobiliario urbano 396 piezas
Contenedores de residuos 279 piezas
Bancas y kioscos 96 bancas y 4 kioscos
Fuentes ornamentales 4

Las cuatro fuentes señaladas son Rufino Tamayo, Parque Central, Guelaguetza y Santa Cruz. La cobertura territorial incluye Santa Cruz, Chahué, Crucecita, Tangolunda, La Bocana de Copalita, El Arrocito, Balcones de Tangolunda, Mirador Chahué Residencial, U2 Norte, Residencial Conejos, H3, U2, La Entrega y Puente Copalita.

La cifra de 3,312 m² de vialidades se reproduce tal como aparece en la respuesta y en las bases. Por su escala frente al resto del polígono, conviene que el CIP aclare exactamente qué superficie y tipo de intervención representa.

Cómo se debe comprobar el servicio

Las bases no plantean un pago sin evidencia. Exigen cuatro tipos de entregables:

  1. un informe inicial dentro de los primeros 15 días, con diagnóstico y 300 fotografías;
  2. una bitácora mensual con novedades, incidencias, trabajos realizados y 200 fotografías por cada mes informado;
  3. un informe final con un comparativo del estado inicial y final y 200 fotografías; y
  4. un acta de entrega-recepción con descripción general y 300 fotografías.

Los pagos deben realizarse con base en los reportes mensuales validados y el comprobante fiscal correspondiente. Las bases permiten que el proveedor solicite un anticipo de hasta 20% del monto contratado, sujeto a garantía, y exigen una garantía de cumplimiento equivalente al 10% del total adjudicado.

Estos documentos son relevantes para el seguimiento: permiten contrastar el monto contratado con trabajos específicos, fechas, lugares e imágenes de la infraestructura intervenida.

Un acuerdo no es el contrato firmado

La respuesta del CIP presenta CAEASEO II 1.8/SO-027/2026 como el “número de contrato o instrumento jurídico”. La notificación de fallo muestra que esa referencia corresponde al acuerdo del Comité de Adquisiciones que decidió la adjudicación. El propio fallo señala que el documento contractual debía formalizarse posteriormente a través de la Dirección General del CIP Huatulco.

En los documentos revisados no aparece el contrato firmado con sus anexos finales. Tampoco aparecen la propuesta técnica y económica completa de la empresa, la investigación de mercado, el dictamen técnico-económico, la póliza de garantía, un posible anticipo o los primeros informes y bitácoras de ejecución.

Por eso, la evidencia disponible permite afirmar que hubo un procedimiento, una única propuesta y una adjudicación por $92.1 millones. No permite evaluar todavía cuánto se ha pagado, qué trabajos se han ejecutado ni si el servicio cumple las condiciones contratadas.

Nota editorial sobre la empresa ganadora

Para contextualizar a Arquitectura y Diseño ATQ, S. de R.L. de C.V., este sitio revisó registros públicos por su razón social y por el RFC ADA230518IEA. La consulta no localizó una sanción o inhabilitación publicada bajo esos identificadores en las fuentes oficiales revisadas al 7 de septiembre de 2026. Este resultado tiene un alcance limitado: no demuestra que nunca haya existido una denuncia o investigación, pues no todos esos procedimientos son públicos ni todos los buscadores oficiales permiten una comprobación exhaustiva.

El Padrón de Contratistas del Estado de Oaxaca incluye a la empresa en la categoría A. Estar inscrita acredita su registro en ese padrón; no constituye por sí mismo una certificación sobre la calidad de sus trabajos, su desempeño contractual o la ausencia de conflictos de interés.

Un padrón estatal de proveedores registra su inscripción el 8 de abril de 2025, con vigencia hasta el 7 de abril de 2026, y describe actividades de estructuras de acero, albañilería, pintura, acabados e ingeniería civil. Esa fecha corresponde a su alta en el padrón, no necesariamente a la constitución de la sociedad.

Las bases de la licitación nacional no exigían que el registro estuviera vigente para presentar la propuesta, pero sí pedían un oficio vigente del Padrón de Proveedores para formalizar el contrato. Como el contrato firmado y su expediente de formalización no están publicados entre los documentos revisados, no fue posible comprobar qué constancia actualizada entregó la empresa en julio de 2026.

El registro de contratos de inversión pública de 2025 muestra al menos dos obras anteriores de la misma empresa para el Ayuntamiento de Santa María Colotepec, por $1,350,000.00 y $1,079,034.78. Estos registros prueban antecedentes de contratación pública, pero no bastan para reconstruir su portafolio completo ni para calificarlo como amplio o limitado. Por esa razón, esta nota evita atribuirle una experiencia total que el expediente disponible no permite medir.

Lo que debe transparentarse para seguir el dinero

Para comprobar la ejecución del contrato hacen falta, al menos:

  • el contrato firmado y todos sus anexos;
  • la investigación de mercado y el dictamen técnico-económico;
  • la propuesta técnica y económica de la empresa ganadora;
  • la garantía de cumplimiento y, si existió, la garantía y pago del anticipo;
  • las bitácoras mensuales, informes fotográficos y validaciones del CIP;
  • los CFDI, transferencias y monto acumulado efectivamente pagado; y
  • las sanciones o deductivas aplicadas, si las hubiera.

La contratación ya tiene monto, empresa y alcance identificables. El siguiente paso de rendición de cuentas es publicar la documentación que permita comprobar si esos $92.1 millones se tradujeron en el mantenimiento descrito.